La entrada en vigor de las leyes 39/2015 y 40/2015 suponen un fuerte impulso en la digitalización de las administraciones públicas y establecen varias obligaciones alrededor de la Administración Electrónica que propician una mayor eficacia, innovación y modernización y la DG de Desarrollo Tecnológico del Govern de las Illes Balears (en adelante DGDT) no es ajeno a esta transformación digital. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sistematiza toda la regulación relativa al procedimiento administrativo, clarifica e integra el contenido de las mencionadas Ley 30/1992, de 26 de noviembre y Ley 11/2007, de 22 de junio, y profundiza en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico con cero papel. 

Esta ley está desarrollada siguiendo la máxima de que la tramitación electrónica no tiene que ser una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que tiene que ser la forma habitual de actuación de las Administraciones. Por lo tanto, los dos aspectos más destacados de esta ley son los siguientes:
  • Solo contempla el funcionamiento de la administración sin papeles.
  • Prioriza el canal electrónico con los interesados.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas hasta ahora contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, en cuanto al funcionamiento electrónico del sector público, y algunas de las que prevé el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el cual se desarrolla parcialmente el anterior.

Esta Ley tiene el objetivo de regular su organización así como la de las relaciones internas dentro de cada Administración y entre las diferentes administraciones, con objeto de conseguir una Administración totalmente electrónica, interconexionada, transparente y con una estructura clara y simple.

Nos encontramos así ante una nueva regulación normativa que contempla las relaciones «adextra» de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulación «ad intra» del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas, lo cual implica una reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones Publicas. 

En este contexto, la DGDT considera prioritario impulsar la adaptación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a la nueva normativa (Ley 39/2015 y Ley 40/2015) al ENTE (RD 951/2015 y RD 3/2010) y a ENI (RD 4/2010).