Reactivación económica: CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI: El Consell de Govern aprueba el decreto COVID19 para la reactivación económica y calcula un impacto de 3.519 millones de euros CConsell de Govern extraordinario

\ El decreto ley cuenta con el apoyo de la mesa de Diálogo Social, los consells insulars y la felib

\ Se estableceen medidas para impulsar sectores clave como la construcción, renovables e innovación, siguiendo un modelo que reduce plazas de alojamiento turístico y protege el suelo rústico permitiendo construir sobre suelo urbano

El Consell de Govern ha aprobado hoy el Decreto Ley COVID19 para afrontar los efectos sociales y económicos de la crisis sanitaria, el cual puede suponer un impacto de 3.519 millones de euros en la economía de las Islas Baleares en los próximos dos años. Esta cifra representa el 7,5% del Producto Interior Bruto de las Islas.

El decreto ley contempla medidas para agilizar la administración, fomentar la protección social y estimular la inversión. Asimismo establece también las bases para incentivar la recuperación rápida de sectores como el fomento de las energías renovables, la construcción de viviendas e infraestructuras indispensables para la sostenibilidad y la mejora de la oferta turística con inversiones de calidad que no supongan crecimiento en el número de plazas. Estas medidas de reactivación permitirán movilizar 31.000 puestos de trabajo a tiempo completo durante el año 2020, un 5,9% del mercado laboral de las Islas.

Las medidas de estímulo a la inversión que afectan al sector de la construcción, el turismo y la innovación suponen un impacto de 2.962 millones de euros. Y las acciones de fomento de las renovables y la sostenibilidad suman inversiones por valor de 557 millones de euros.

La normativa incorpora medidas fruto del diálogo y acuerdo con los consells insulars, los ayuntamientos, agentes sociales y patronales, y también contempla acciones aportadas por todos los partidos políticos.

Una administración más ágil

El decreto ley establece medidas para incentivar una relación más ágil y directa con la administración, además de flexibilizarla y también al cuerpo de funcionarios. Por eso, se incluyen medidas para fomentar la movilidad de trabajadores para favorecer la atención de todos los recursos necesarios, como ya se ha hecho durante esta crisis con el refuerzo de los equipos que se encargan de agilizar los ERTE o los que hacen posible el cobro de la renta básica o de las ayudas de la dependencia.

Menos tiempo de espera para recibir subvenciones y prestaciones sociales

Se reducen trámites y se simplifican los procesos también en el ámbito de la protección social. Para resolver la situación de urgencia que genera esta crisis, se reduce a un tiempo las tramitaciones de subvenciones, prestaciones y ayudas, como la modificación de los procesos de asignación de los servicios de teleasistencia y servicio de ayuda a domicilio para que sea más ágil la adjudicación de estos servicios a los ciudadanos y ciudadanas.

Se incluye una nueva prestación económica extraordinaria de hasta 290 euros para personas dependientes, prorrogable y con vigencia de 4 meses a partir de este 1 de mayo, para compensar los gastos económicos que ha generado la suspensión de los centros de día para los dependientes.

El decreto ley también permite, en caso de situaciones extraordinarias derivadas del estado de alarma u otras situaciones excepcionales, que los consejos insulares puedan autorizar a las escuelas de educación en tiempo libre, infantil y juvenil a hacer determinados módulos de formación a distancia para evitar que la actividad de tiempo libre se paralice.

Se simplifica el proceso de subvenciones hasta el 31 de mayo de 2021, reduciendo la tramitación y aprobación de subvenciones a líneas de desarrollo económico y sectorial, fomento de la I+D+i, apoyo a autónomos, pymes, personas vulnerables, ayudas asistenciales, culturales, de deporte y de educación, tanto de ámbito autonómico como de consells y ayuntamientos.

Agilización de la inversión en sectores estratégicos

Se agiliza también la inversión de sectores clave para la reactivación económica de las Islas como la construcción y el acceso a la vivienda.

En cuanto a las ayudas al alquiler, y para poder acceder a las ayudas de 2020, se facilitan los trámites al eximir a los arrendatarios que tengan que acreditar el depósito de la fianza que hace el propietario para resolver algunas situaciones en las que los inquilinos no pueden solicitar las ayudas por la resistencia de algunos propietarios a poner el depósito. No será necesario acreditar el depósito en las ayudas de alquiler ordinarias de la convocatoria 2020 ni tampoco en las ayudas COVID-19 que se convocarán en el mes de junio.

Se impulsa una figura administrativa como la declaración responsable por parte de ciudadanos y empresas, basada en la confianza en el ciudadano, de cara a un inicio temprano y ágil de la actividad.

Para disponer en tiempo y forma de las licencias o autorizaciones preceptivas, se establece un régimen excepcional, de carácter transitorio, de declaración responsable para determinadas obras e instalaciones a ejecutar en suelo urbano, excluyendo las situadas en zonas de servidumbre de costas y las de edificaciones fuera de ordenación.

Con el objetivo de acelerar proyectos que contribuyen a la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en los edificios, entre otros, el decreto permite a los promotores de obras e instalaciones solo en suelo urbano que sean conformes con la ordenación urbanística, presentar una declaración responsable en vez de una licencia previa para poder hacer cambios estructurales, rehabilitación integral, reformas internas, cambios de distribución interna y demoliciones. Para acogerse a esta figura, y en caso de las obras de reforma integral, el promotor se tiene que comprometer a mejorar la eficiencia energética de las construcciones e instalaciones e incorporar mecanismos de ahorro de agua. Este mecanismo será vigente hasta día 31 de diciembre de 2021.

En todo caso, la declaración responsable no será de aplicación en los casos de obras de nueva planta, movimientos de tierras ni actuaciones que afecten en zonas de servidumbre de protección de costa ni en los edificios en situación de fuera de ordenación.

El decreto también modifica la Ley 1/2007, de 16 de marzo contra la contaminación acústica de las Illes Balears para permitir que todas las obras de edificación, modificación, reparación y derribos estén permitidas durante la temporada turística de 2020.

El decreto también aprueba medidas para impulsar la inversión privada en el sector turístico, actuaciones ligadas a la sostenibilidad, la mejora de la calidad de la oferta y la adaptación a las exigencias sanitarias marcadas por la pandemia, así como para fomentar el aprovechamiento y cambio de uso de instalaciones turísticas obsoletas.

Bajo la premisa de que no se produzcan incrementos de plazas turísticas ni aumentos de altura, el decreto permite que los establecimientos de alojamiento y otros de recreo, lúdicos, deportivos, restauración y de hostelería puedan, hasta el 31 de diciembre de 2021, ejecutar proyectos para reducir la estacionalidad con mejoras de su oferta, aumentar la eficiencia en el gasto de energía y agua, e instalar en sus aparcamientos un mínimo del 50% de plazas con puntos de recarga eléctrica. Estos cambios están sujetos al hecho de que se abone a la administración municipal correspondiente un 5% del presupuesto de ejecución. Hasta ahora se permitía un 10% de aumento de edificación, y el decreto establece que la superficie edificada no podrá ser de más de un 15%. En ningún caso se permitirá el aumento de plazas ni del aforo con el fin de mantener las medidas de seguridad.

El objetivo es elevar la calidad de los establecimientos y limitar los modelos de alojamiento ligados a los excesos; por eso también se prohibirán los autodispensadores de bebidas alcohólicas, al alcance de los clientes.

Se permitirán actuaciones destinadas a fomentar el cambio de uso de instalaciones turísticas obsoletas permitiendo a establecimientos de alojamiento de zonas maduras o que hayan cesado su actividad en cualquier otra zona, que puedan cambiar su uso para ser convertidos en viviendas de protección oficial, sin posibilidad de volver a cambiar su uso, en equipamientos de servicios sociosanitarios o en instalaciones dedicadas al desarrollo científico y la investigación. Esto significa reducir plazas de alojamiento turístico porque se dan de baja las obsoletas. No se podrá cambiar de uso ningún edificio en suelo rústico.

Con el mismo objetivo de reducir presión turística, para garantizar la convivencia y fomentar el acceso a la vivienda, se suspende la posibilidad de iniciar nuevas actividades turísticas en viviendas unifamiliares de la ciudad de Palma, hasta el 31 de diciembre del año 2021.

También para fomentar la sostenibilidad, el decreto ley, y en colaboración con los consells insulars y ayuntamientos, incluye medidas de estímulo en la instalación de renovables y a su sector auxiliar.

Para que estas medidas se puedan implementar de forma rápida se modifica la Ley 14/2019 de proyectos industriales estratégicos de las Illes Balears, con el objeto de que se puedan declarar estratégicos los proyectos de renovables en cualquier punto de su tramitación para poder acelerar el trámite. Del mismo modo, también se acelera la consulta a los ayuntamientos y consells.

Para impulsar nuestra movilidad colectiva y sostenible, se fomentan infraestructuras estratégicas en transporte público, las infraestructuras energéticas para dar servicio en la red de transportes (gasolineras, puntos de carga eléctrica, etc.), y las instalaciones fijas como cocheras, paradas de bus o instalaciones de mantenimiento de la red de transporte público.

En este sentido, también se reduce la tramitación de proyectos ferroviarios y tranviarios, y se modifica la ley de carreteras para simplificar procedimientos y mejorar la capacidad para hacer cumplir las infracciones en materia de obras o instalaciones, incorporando criterios ambientales y de protección del paisaje.

En este contexto de agilización de la tramitación administrativa para la construcción, hay que garantizar el cumplimiento de la normativa vigente; por eso también se facilitan los procedimientos de inspección.

Se incorpora una disposición adicional que modifica la entrada en vigor de algunos de los artículos de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.

En concreto, se modifican los apartados 1 de los artículos 23 y 24 y los apartados 2 y 6 del artículo 25. Los artículos 23 y 24, así como el apartado 2 del artículo 25 tenían que entrar en vigor día 1 de enero de 2021. Regulan varios aspectos relacionados con los productos de un solo uso como la venta, distribución y uso de platos, cubiertos, vasos, tazas y bandejas alimentarias desechables fabricados con plástico.

Los objetivos se mantienen intactos pero ante varias peticiones de los sectores productivos implicados y después de una ronda de consultas donde se ha constatado el apoyo de las entidades sociales que han acompañado el proceso de redacción de la ley se ha creído conveniente ampliar, para un periodo equivalente al tiempo de vigencia del estado de alarma, la entrada en vigor de estos artículos. La falta de libre circulación de equipamientos y de personas ha afectado a la adaptación de varios procesos de homologación y de la maquinaria necesaria para producir en las nuevas condiciones. Por otro lado, hay que recordar que un número importante de empresas se han visto obligadas a parar completamente la actividad y se encuentran sometidas a procesos temporales de regulación de empleo (ERTE).

Se considera, por lo tanto, razonable alargar el plazo de entrada en vigor de estos artículos (los que estaban previstos para más corto plazo) para un periodo equivalente a los días que haya durado el estado de alarma.

El apartado 6 del artículo 25, por su parte, establecía que «no se podrán distribuir paquetes de latas o botellas de bebidas sujetas mediante anillas de plástico ni otros envases colectivos secundarios que, en todo caso, tendrán que ser de material biodegradable a partir del 1 de enero de 2021». En este caso, el plazo para la entrada en vigor se traslada hasta el 1 de julio de 2021. Se hace coincidir, así, con la entrada en vigor de la Directiva Europea de Plásticos, el 1 de julio de 2021.

También, para facilitar y fomentar la inversión e instalación de nuevas empresas en el entorno del Parc Bit, se fomenta la creación de forma ágil de áreas urbanizadas aptas para la implantación de instalaciones de empresas y proyectos tecnológicos y de innovación.

Igualmente, el decreto incorpora modificaciones fiscales relevantes, de cara a facilitar la actividad después de la crisis generada por la pandemia.

Los turistas que lleguen en los próximos meses a las Islas seguirán pagando el impuesto sobre estancias turísticas, pero para garantizar que los hoteleros solo liquidan el impuesto de los turistas que de verdad llegan, se adapta el sistema de estimación objetiva. Es un pago que hacen los establecimientos a través de un sistema de módulos, y en este caso, para el ejercicio fiscal de 2020, el pago por anticipado que anualmente se tiene que hacer el mes de septiembre, queda suprimido, sin perjuicio de la obligación de la presentación y el ingreso de la autoliquidación, el próximo mes de enero, de la cuota que se devengue a lo largo de todo el ejercicio de 2020. Por lo tanto, el impuesto se adapta a las circunstancias excepcionales de la crisis, y que inciden gravemente al sector.

En este sentido, dado que la crisis producida por la pandemia es no solo sanitaria, sino también social y económica, y dadas también las necesidades de implementar políticas públicas para paliar estos efectos, se considera imprescindible prever legalmente que los recursos disponibles para favorecer el turismo sostenible correspondientes a proyectos no ejecutados se puedan destinar a las finalidades que desde el Govern se consideren necesarias a los efectos mencionados, en forma de proyectos o de líneas de gasto o inversión, vinculadas a mitigar los efectos de la crisis de la Covid-19. El Consell de Govern está autorizado a analizar caso por caso.