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4 maig 2020Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Reactivación económica: El Govern defiende un trato específico para Balears en el reparto de fondos extraordinarios y otras medidas del Estado teniendo más cuenta el impacto económico de la crisis NNota Informativa

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Reactivación económica: El Govern defiende un trato específico para Balears en el reparto de fondos extraordinarios y otras medidas del Estado teniendo más cuenta el impacto económico de la crisis

El Govern de les Illes Balears ha reclamado ante el Ministerio de Hacienda un trato “específico” para las Balears en el reparto del fondo extraordinario anunciado por el Gobierno de España para las comunidades autónomas y otras medidas que se tengan que tomar para reactivar la economía, teniendo en cuenta el mayor impacto de la crisis económica que se prevé en el caso de los territorios con una economía más ligada al sector servicios y al turismo.

La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha defendido este posicionamiento durante la reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el resto de consejeros autonómicos de Hacienda, en la cual se ha tratado principalmente el nuevo fondo extraordinario de 16.000 millones de euros anunciado por el presidente del Gobierno de España a los presidentes autonómicos y se han expuesto los criterios generales de distribución de estos recursos.

El Govern de les Illes Balears ha valorado la creación de este fondo “no reembolsable”, transferencias que las comunidades no tendrán que devolver, tal como había reclamado el ejecutivo autonómico. Este fondo se destinará a gastos en materia sanitaria (10.000 millones a distribuir entre las comunidades) y en protección social (1.000 millones) y transferencias a las comunidades (5.000 millones) para compensar la caída de ingresos tributarios.

No obstante, la consellera Rosario Sánchez también ha defendido la necesidad de tener en cuenta en los criterios de reparto el mayor impacto económico que la crisis puede tener en  comunidades como las Balears por el efecto sobre la actividad turística y de servicios, a pesar de que la incidencia de la pandemia haya sido menos intensa que en otras comunidades.

“Se han tratado los criterios generales y todavía es pronto para hablar de cifras concretas de los fondos que corresponderán a cada comunidad, pero hemos pedido un trato específico porque el impacto económico y social de esta crisis será más alto en las Illes Balears que a otras comunidades por la fuerte afectación del turismo y el sector servicios”, ha manifestado.

En este sentido, Sánchez ha destacado la “magnitud” del impacto en la economía y la ocupación de las Balears a consecuencia de la Covid-19 y del estado de alarma, un impacto que se trasladará a una caída de los ingresos superior al aumento del gasto sanitario para atender la emergencia.

La titular de Hacienda y Relaciones Exteriores ha expuesto la previsión del Govern de caída del PIB y del empleo superior al 30% para 2020 debido a los diversos impactos de la Covid-19 en la economía, el consumo y la demanda turística, y también ha recordado que las Balears han sido habitualmente una comunidad aportadora al sistema de financiación autonómica y receptora de trabajadores, por su buen ritmo económico y del empleo.

Por este motivo, Rosario Sánchez ha vuelto a incidir en la reclamación de un tratamiento “diferenciado y específico” para las Balears, como ya ha defendido la presidenta del Govern, Francina Armengol, ante el presidente de España, Pedro Sánchez, en relación, entre otras, a la necesidad de poner en marcha un plan específico destinado a las comunidades con mayor peso del sector turístico y de servicios, y otras medidas que se tengan que tomar para fomentar la recuperación económica.

Entre otros cuestiones, también ha recordado que las Illes Balears cuentan con un instrumento ya aprobado por el Gobierno del Estado, como es el Régimen Especial de las Illes Balears, y también ha reclamado una mayor concreción en la flexibilización y liberación de recursos procedentes de años anteriores de los consells insulares y los ayuntamientos para que estas administraciones puedan disponer de sus recursos acumulados de años anteriores para hacer frente a los efectos de la crisis y la fase de recuperación económica.