COVID-19: Santiago urge al gobierno del Estado que apruebe el mínimo vital para poder determinar el presupuesto post-crisis COVID-19 de Asuntos Sociales NNota Informativa

La consellera expone en el Parlament el listado de actuaciones que se han hecho desde Asuntos Sociales durante el Estado de Alarma y anuncia que no serán las últimas

La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago,  ha pedido a las dos formaciones que configuran el gobierno del Estado que se pongan de acuerdo ya sobre el ingreso mínimo vital para que la Conselleria pueda determinar de qué presupuesto post-crisis COVID-19 dispone.

La consellera ha hecho esta petición durante su comparecencia en el Parlament de las Illes Balears para informar sobre las acciones llevadas a cabo desde la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes ante la crisis sanitaria generada por el COVID-19. 

Ha sido durando la réplica cuando la consellera ha defendido la necesidad de aprobar una prestación a nivel estatal que pueda complementar la Renta Social Garantizada (RESOGA) de las Illes Balears. En función de la letra pequeña del ingreso mínimo vital la Conselleria tendrá más o menos presupuesto para poder ampliar los perceptores de la Renta Social balear.

Eso sí, la consellera ya ha advertido en sede parlamentaria que si el futuro ingreso mínimo vital invade las competencias autonómicas «nos encontrarán enfrente».

Al inicio de su comparecencia, Santiago se ha mostrado muy orgullosa del trabajo hecho desde los servicios sociales que han sido considerados esenciales e imprescindibles para la sociedad. La consellera, antes de exponer todo el trabajo hecho, ha especificado que todo se ha hecho con la máxima colaboración entre las diferentes administraciones públicas y el tercer sector.

Entre las medidas destinadas a la ciudadanía, que Santiago ya ha avanzado que no serán las últimas y que siempre se decidirán escuchando al sector, la consellera ha detallado que hasta ahora se han hecho las siguientes:

-Se ha ampliado el presupuesto de la Renta Social Garantizada (RESOGA) en 2,5 millones de euros y se ha ampliado la cobertura para llegar a todos los mayores de 18 años que sufren una situación de emergencia social provocada por el COVID-19. Se ha ampliado el número de destinatarios y se da cobertura a todos los mayores de edad sin ingresos. Se simplifica el trámite a la solicitud acompañada de un informe del trabajador social municipal o un trabajador del tercer sector que conozca de primera mano la situación personal del beneficiario.

-Se encargaron de urgencia 3.000 terminales de  teleasistencia a la Cruz Roja, un servicio que reciben diariamente muchas persones dependientes de nuestra comunidad, concretamente, 7.500 usuarios. Con  este aumento de aparatos, se permite apoyar a más de 10.500  personas en situación de dependencia. Para garantizar el acompañamiento durante el despliegue de los aparatos, se  facilita un teléfono durante las 24 horas del día a los usuarios  pendientes de instalar la teleasistencia.

- Desde que entró en vigor el estado de alarma, un equipo de 90 personas (trabajadores de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes) se pone en contacto por teléfono con todas las personas en situación de  dependencia (excepto las que ya están atendidas en residencias o mediante el servicio de  teleasistencia). El objetivo es identificar situaciones de riesgo  sobrevenido por el estado de alarma. Ya se han hecho casi 15.000 llamadas. Así, por ejemplo, a los dependientes, se pide si han tomado la medicación, si tienen cubierta la comida o si los reciben alguna visita; según las respuestas, se  categorizan en grupos de riesgo para hacer seguimientos más frecuentes o para  movilizar los recursos de emergencias, si es necesario.

-Ante el cierre de los centros de día,  se ha pedido a los titulares municipales y de los Consells que den apoyo a domicilio a sus usuarios. 

-Se ha puesto a disposición de las entidades del  tercer sector un grupo de profesionales, trabajadores públicos de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes que  estas semanas no pueden ejercer sus actividades con normalidad,  para que los ayuden en las tareas de reparto de alimentos que  semanalmente reciben más de 500 familias.  

-Se han renovado de oficio todas las valoraciones de discapacidad revisables por un año, para no perjudicar las personas a las cuales les caducaba.  

-Se ha puesto un teléfono de atención ciudadana, el 971 17 72 72, para resolver todas las dudas que se puedan tener sobre pensiones no contributivas, renta social garantizada, dependencia y discapacidad.

-Se ha constituido la Mesa de Seguimiento de Servicios Sociales Covid-19 para poner encima la mesa todo el trabajo que se hace desde las instituciones y las federaciones del tercer sector ante la crisis sanitaria. Participan la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, el IMAS, el Consell Insular de Mallorca, el Consell de Eivissa, el Consell de Menorca, el Consell de Formentera, la FELIB, el Ajuntament de Palma , Cruz Roja, Cáritas, FOQUA, UNAC y EAPN  

-Se ha habilitado la Xarxa Junts para canalizar la solidaridad ciudadana de las Illes Balears.  Tiene 4 ramificaciones solidarias: el material sanitario, la donación económica, la colaboración vecinal y el voluntariado.

-Se han invertido 625.000€ invertidos en 6.152 tarjetas prepago para el alumnado beneficiario de las ayudas comedor. 375.000 € para la primera quincena de confinamiento y 250.000 € para la segunda quincena. 5.453 tarjetas en Mallorca, 434 en Menorca, 251 en Eivissa y 14 en Formentera.

-Se han destinado dos millones de euros a los ayuntamientos y los Consells Insulars para cubrir las necesidades básicas de la población. Son para financiar el gasto que ha generado la atención a las nuevas necesidades sociales y atender especialmente a las personas más vulnerables. Entre las líneas de actuación: apostar por los servicios de ayuda a domicilio, incrementar los dispositivos de teleasistencia, dispositivos de personas sin hogar o aumentar las plantillas de servicios sociales.

-Se han mantenido los servicios sociales incluidos en la cartera básica de servicios sociales. Se mantienen tanto los de tipo residencial (viviendas supervisadas y el servicio para la ejecución de medidas privativas de libertad) como los comunitarios (el servicio de tutela de personas incapacitadas judicialmente, el servicio de apoyo a la vivienda, las prestaciones para mujeres víctimas de violencia de género y para sus hijos e hijas y las prestaciones económicas). Las entidades sociales que gestionan un servicio de estancias diurnas y un servicio residencial pueden destinar el personal de estancias diurnas al servicio residencial.

-Se han mantenido los conciertos sociales y los módulos económicos. Los servicios esenciales se mantienen y también en el caso de los servicios donde se hayan suspendido las actividades presenciales pero en los cuales se hayan adoptado las medidas adecuadas para continuar la prestación de manera no presencial.