8 abril 2020 Consejería de Administraciones Públicas y Modernización

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: LOS POLICÍAS TUTORES RECUPERAN LA FUNCIÓN DE ASISTENCIA A CENTROS ESCOLARES PARA DETECTAR NECESIDADES DE APOYO SOCIAL AL ALUMNADO CConsell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: LOS POLICÍAS TUTORES RECUPERAN LA FUNCIÓN DE ASISTENCIA A CENTROS ESCOLARES PARA DETECTAR NECESIDADES DE APOYO SOCIAL AL ALUMNADO

\ La Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización y la de Educación, Universidad e Investigación firman un protocolo de actuación, avalado por el Ministerio del Interior

\ La medida se pone en marcha en coordinación con los centros escolares, los servicios sociales de cada municipio y la Cruz Roja Juventud de las Illes Balears


Los agentes del Programa de Policía Tutor de las Illes Balears recuperan a partir de hoy una de sus funciones principales, que quedó en suspenso con la declaración del estado de alarma: la de apoyar a los centros escolares en la tarea de seguimiento de posibles situaciones de vulnerabilidad social de los alumnos durante el periodo de confinamiento.

El Consell de Govern se ha dado hoy por enterado del protocolo de actuación firmado entre la Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización —de la cual dependen la Dirección General de Emergencias e Interior y el Programa de Policía Tutor—, y la Conselleria de Educación, Universidad e Investigación, en coordinación con la Delegación del Gobierno en las islas, y que será trasladado a los cuerpos de policía local mediante una instrucción de la Dirección General de Emergencias e Interior con fecha de hoy.

Se trata de una medida que fue solicitada por la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, al ministro del Interior, Fernando GrandeMarlaska, en la reunión del Comité Estatal de Coordinación para la contención de la COVID-19 convocada por el Centro Nacional de Emergencias de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (CENEM) el pasado 26 de marzo, en la cual el ministro informó favorablemente.

El objetivo de esta iniciativa es que, en el transcurso del estado de alarma debido a la COVID-19 y con el cierre total de los centros educativos del país, se puedan atender las diferentes problemáticas que los docentes detecten en el transcurso de las sesiones que lleven a cabo por medios telemáticos.

En concreto, se prevé la vigilancia de la escolaridad obligatoria. En este sentido, el profesorado informará a los agentes especializados cuando se dé la imposibilidad de comunicación con algún alumno. La función de los policías tutores será la de comprobar si existe alguna situación de riesgo social, y la de establecer un canal de comunicación entre el centro educativo y las familias. 

Por ello, si los mismos docentes detectan situaciones de riesgo social o tienen la sospecha de la necesidad de intervención para garantizar el bienestar del menor de edad, deben informar a los policías tutores para que estos actúen según los protocolos adecuados. Los teléfonos móviles corporativos de los policías tutores continuarán activos para mantener esta comunicación permanente con los centros educativos, el alumnado y las familias. 

Todas las funciones descritas asumidas por los policías tutores se ejercerán en colaboración con los servicios sociales municipales y se mantendrán operativas mientras esté vigente el estado de alarma y hasta que los menores de edad vuelvan a sus centros docentes de origen. Además, se ha coordinado esta tarea con la Cruz Roja Juventud Illes Balears, que desarrolla un programa, actualmente en línea, de apoyo escolar a menores de familias en situación de vulnerabilidad social.

Hay que recordar que el artículo 5 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que  se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, establece que las policías locales quedan bajo las órdenes directas del Ministro del Interior. Y que el artículo 25.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, fija la participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria como competencia propia de los municipios.